Municipio en contra de los desahucios

Stop Deshaucios quiere que el Ayuntamiento de Astorga se declare 'Municipio en contra de los Desahucios', para ello solicita que el PSOE presente una moción en la que se ponga de relieve que el Ayuntamiento va a tomar una posición en la defensa de los derechos de las personas, y de las familias que por causa de la situación económica.

La plataforma argumenta que la situación económica es "de negación de la realidad de lo que desde hace años viene sucediendo en España tanto por la burbuja inmobiliaria como por el desmán de las entidades financieras que se apoderaron de todos  los recursos sociales y económicos de este país,  sin que ningún gobierno le pusiera freno a  los mismos, dejando a España y a los españoles en una situación  de auténtica ruina que es la que está viviendo este país".

Stop Desahucios pide al Ayuntamiento que se manifieste públicamente contra los  procedimientos judiciales hipotecarios y con toda la "contundencia que sea posible" contra los desahucios de las familias afectadas por la crisis económica,  que solo se pretende con ellos quitarnos la vivienda que tanto trabajo nos ha costado conseguir.

Otra de las peticiones que realiza al Ayuntamiento de Astorga es que firme un convenio con la Consejería de Fomento para que se cedan viviendas de la Junta para las familias que fueron desahuciadas o que estén en el proceso de desahucios.

Otra de las peticiones es la creación de una comisión de seguimiento de las entidades financieras  para que no se proceda al desahucio de ninguna otra familia más en el municipio y en caso que se realizara dicho desahucio el ayuntamiento cancele todas las relaciones que tuviera con la entidad, anulando todo tipo de créditos y de gestiones de competencia municipal. Esta comisión debe de estar formada por todos los colectivos sociales y por los grupos políticos que existen en el  municipio con o sin representación, para que las decisiones sean lo más cercanas a la realidad de los ciudadanos.

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias en España han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2014 se podría llegar a la cifra de 500.000. A su vez más de dos millones de viviendas permanecen vacías por unas u otras razones.

Según Stop Desahucios, la ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el banco o entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.

La plataforma señala que la legislación que permite todo lo anterior es "anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones de las viviendas y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos".