Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo 24/05/2017
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José Cabañas (*)
24/09/2014

Los caciques (II)

Era el pucherazo otro de los métodos de manipulación electoral usados principalmente durante el periodo de la Restauración borbónica para permitir el turnismo, la alternancia pactada previamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, dentro del modelo caciquil de dominación política local (sobre todo en las zonas rurales y las ciudades pequeñas). Fraude por antonomasia, para llevar a cabo la maniobra se guardaban papeletas de votación (por ejemplo en pucheros; de ahí la popular denominación), y se añadían o se sustraían de la urna  electoral a conveniencia para el resultado deseado (se hizo por los cargos municipales sagastinos de La Pola de Gordón en diciembre de 1880, y también en las elecciones locales de 1893 en Laguna de Negrillos). Otros métodos consistían en la colocación de las urnas en lugares de imposible o difícil acceso para los opositores o el amaño de las votaciones con lázaros (votos de fallecidos que, al menos sobre el papel, resucitaban como el de los Evangelios) y cuneros (electores que se inscribían irregularmente en una circunscripción que no les correspondía).

 

Empañaban también la pureza del sistema electoral el control del Congreso para repartir actas de diputados, un procedimiento que incluía el encasillado o selección de los candidatos concertados para ocupar los puestos a elegir por las circunscripciones más adecuadas entre las de libre disposición del gobierno, que se aseguraba así la elección de sus amigos, y la capacidad de interferencia de los ayuntamientos en el censo electoral y en las votaciones, sobre todo a través de las Juntas Electorales y de Escrutinio del Partido. Una de las formas de falsificación más utilizada consistía, por ello, en alterar el contenido del censo electoral (en “adobarlo”), incluyendo en él a personas que no debían estar y excluyendo a otras que legalmente poseían derecho al voto, falsificación en la que jugaba un primordial papel la justicia municipal como instrumento de manipulación y control de las poblaciones por los caciques y los conservadores locales. Gerald Brenan describe así en El Laberinto español la confección de alguno de aquellos censos:

 

…en tales listas figuraban únicamente aquéllos electores a quienes se suponía habían de apoyar a los candidatos oficiales, y si su número era insuficiente, se repetían los mismos nombres una y otra vez. Hasta los muertos eran conjurados en sus tumbas y, en una ocasión, un cementerio entero, setecientos muertos en total, dio su voto, resultando edificante ver que aunque en vida estos setecientos votantes habían sido absolutamente analfabetos, todos ellos habían aprendido a leer y escribir después de muertos… 

 

Tales manipulaciones, y otras, como dividir y subdividir el distrito modificando las cabeceras de sección para llevarlas a los pueblos más proclives a un candidato (fraude realizado en las elecciones de febrero de 1840, lo que motivó el abandono de los diputados leoneses burlados Santiago Alonso Cordero, Pascual Baeza, y Miguel Antonio Camacho) se explican porque las Juntas municipales del censo, elegidas por bienios, estaban en manos de las oligarquías, las cuales al dictado de sus intereses no dudaban en falsificar los padrones siempre que lo creyeran necesario.

 

El control sobre los electores de los notables locales y la corrupción del sistema dificulta tanto la lucha a los candidatos de oposición que éstos se retraen y dejan el campo libre a los aspirantes del gobierno. Son frecuentes los sobornos, las invenciones para el desprestigio de los oponentes, las amenazas, los excesos de autoridad, el ejército de agentes y delegados gubernativos recorriendo los pueblos en días de elecciones arrancando votos con dádivas de grano, vino o bacalao, y promesas que nunca se cumplían (el liberal Pío Gullón Iglesias sellaba en el distrito de Astorga elección tras elección idénticos compromisos de proveer campanas para iglesias o mazapanes de Toledo para rifas), y la suplantación de firmas en las actas del escrutinio. O métodos más expeditivos: informa El Campeón el 14 de abril de 1886 de que el juez de La Bañeza puso en libertad unos días antes de las elecciones últimas a un alcalde procesado por robo en cuadrilla; también excarceló por entonces a 14 presos, electores muchos de ellos, parientes y allegados otros de gente con voto. Además, prendió el viernes antes de la votación al guarda mayor de los montes del duque de Uceda y al alcalde de barrio de Destriana, que eran amigos del candidato de oposición, aunque la prisión no fue muy larga, poniéndolos en libertad el día 4 de abril, domingo, después del escrutinio.

 

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Conseguido el triunfo, continuaba el engaño electoral con el reparto de prebendas y cargos entre los adictos y paniaguados y con la aplicación de las temidas cesantías en los empleos públicos, que se extendían hasta los estanqueros y los peatones postales y carteros rurales, y a las que, con sorna, se alude a veces en la prensa bañezana de la época, como se hace en El Jaleo de marzo de 1914 a cuenta de los cesantes Cástor; el sereno Vicente García (“Nanín”); Esteban el alguacil; Clemente, Porta y demás, que se consuelan de abandonar ahora sus empleos, ya que “otros los dejaron antes para tomarlos nosotros”, como dejarían los suyos de empleados de la cárcel Braulio Fernández y Joaquín de la Huerga a primeros de 1916 para ser sustituidos por Adolfo Aguilar Sieteiglesias y Carlos Gil Casquete al pasar entonces la alcaldía a manos de Leopoldo de Mata Casado.

 

Irregularidades se darían en las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1905 en ambos distritos del Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz y que llevaron a solicitar su nulidad, pues en el primero, el de Villanueva y Santa Elena, se suspendería la votación sin otro motivo que el temor del alcalde de que se derrotara su candidatura, y en el segundo, el de Jiménez, no se habría permitido acceder a los interventores a la mesa electoral ni votar a algunos electores, extendiendo después el teniente de alcalde el acta en una taberna y a su conveniencia, hechos que se denuncian ante la Comisión electoral de la provincia, que da por válidos los comicios y desatiende la reclamación.

 

También se recordaban las antiguas elecciones, “las anteriores a la invasión militar de la dictadura” (próximas ya las municipales de abril de 1931) en La Opinión, semanario bañezano, del 15 de febrero de aquel año, para denostarlas por sus manejos caciquiles y escamoteos burdos y porque en ellas “se llegaba a inculcar el ideal a golpes, se compraban sufragios por un cacharro de vino, y se tranquilizaban conciencias por dos pesetas”, en prácticas que llegaron a ser tan naturales que por ejemplo en El Diario de León se noticiaba en diciembre de 1909 la “visita al gobernador de muchos pequeños caciques de importantes pueblos de la provincia, dícese que para tratar de asuntos electorales” (aquellas visitas, de alcaldes y secretarios municipales, persistían y se denunciaban desde la prensa leonesa en el tiempo de la Segunda República), y que se mantenían aún en 1933 en las elecciones municipales parciales del 23 de abril (las habidas en los 2.653 ayuntamientos designados en el mismo mes de 1931 por el artículo 29, los denominados “burgos podridos”) en el pueblo leonés de Láncara de Luna, donde “a la puerta del colegio electoral están con las papeletas cuatro agentes del cacique. Dentro, otros dos hombres con un tarro de cristal lleno de ellas. En el exterior un cura con un jarro de vino convida a los presentes. El cura y el cacique cerca del lugar de los comicios. El pueblo es republicano, pero los propietarios de la mayoría de las fincas, y de las mejores, han recomendado a sus colonos la candidatura caciquil (la de los antiguos monárquicos, unidos ahora bajo las siglas de los agrarios). Los colonos les temen, y eso es todo: votan lo que manda el cura y los oligarcas dueños de la tierra…”.

 

En los comicios generales de febrero de 1936 se practicará también desde el ejecutivo gobernante algún “encasillado afectivo y caprichoso”, y se prepararán, al menos, contra el gobierno en este caso, “los pucherazos de ciento diez pueblos” por el gobernador de Cuenca, según consignaría al hilo de los hechos don Niceto Alcalá-Zamora en su dietario; aún entonces en lugares como el zamorano pueblo de Záfara aludirá su maestra (cuando después sea depurada) a “la indignación que le causaba ver a los incultos caciques llevar como borregos a los desgraciados labriegos a emitir su voto a la fuerza”, y ya antes, en las municipales de abril de 1931, “en Granada votaban los jesuitas una vez con el hábito, otra con ropa de calle,… y facilitaron y usaron nombres de fallecidos para votar de nuevo en nombre de los mismos, lo que originó una protesta popular”. Algunos de los caciques de entonces y de más tarde, en algunos lugares, fueron también represaliados por el franquismo después del golpe militar de 1936, pues en su apego al poder y a sus cercanías jugarían a última hora (mal y con poca fortuna) la carta del Frente Popular.

 

 

(*) Del libro “LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA” (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas – Valduerna, Valdería, vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga- de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González.

 
 
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