La protección de la casa de La Brecha como edificio singular retrasará su demolición al menos cuatro meses
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El Ayuntamiento de Astorga ya ha notificado a la inmobiliaria gallega propietaria de la casa de La Brecha que se quemó el pasado 17 de agosto la orden de demolición, después de que la Comisión Territorial de Patrimonio se diera por enterada de la apertura del proceso para la declaración de ruina en el mes de octubre.
Que el Ayuntamiento haya emitido la orden de demolición que deberán ejecutar los propietarios porque si no lo hará el Consistorio de manera subsidiaria, no quiere decir que vaya a desaparecer de manera inminente el peligro que entraña la casa y que por ello se mantiene la subida de La Brecha cerrada al tránsito de peatones. Los plazos administrativos retrasarán la ejecución de la orden al menos en cuatro meses, si todo sigue el curso normal, ya que se trata de un edificio singular protegido por Patrimonio. El derribo costará 40.200 euros.
A partir de ahora los propietarios tienen un mes para solicitar la licencia correspondiente y presentar el proyecto de demolición que deberá aprobar la Comisión Territorial de Patrimonio, aunque puede suceder que este organismo obligue a conservar la fachada o alguna parte, incluso contradiciendo al Plan General de Ordenación Urbana que prevé que la muralla quede liberada.
El Ayuntamiento de Astorga ya ha notificado a la inmobiliaria gallega propietaria de la casa de La Brecha que se quemó el pasado 17 de agosto la orden de demolición, después de que la Comisión Territorial de Patrimonio se diera por enterada de la apertura del proceso para la declaración de ruina en el mes de octubre.
Que el Ayuntamiento haya emitido la orden de demolición que deberán ejecutar los propietarios porque si no lo hará el Consistorio de manera subsidiaria, no quiere decir que vaya a desaparecer de manera inminente el peligro que entraña la casa y que por ello se mantiene la subida de La Brecha cerrada al tránsito de peatones. Los plazos administrativos retrasarán la ejecución de la orden al menos en cuatro meses, si todo sigue el curso normal, ya que se trata de un edificio singular protegido por Patrimonio. El derribo costará 40.200 euros.
A partir de ahora los propietarios tienen un mes para solicitar la licencia correspondiente y presentar el proyecto de demolición que deberá aprobar la Comisión Territorial de Patrimonio, aunque puede suceder que este organismo obligue a conservar la fachada o alguna parte, incluso contradiciendo al Plan General de Ordenación Urbana que prevé que la muralla quede liberada.
