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José Cabañas (*)
7/01/2015

Un fugaz parlamentario leonesista, y el regionalismo excluyente del Catecismo

En las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 se presenta como regionalista independiente por León, como leonesista, Francisco Molleda Garcés, “conservador bugallalista hasta hace poco” e hijo de quien había sido jefe de los conservadores de la provincia desde hacía 30 años, Antonio Molleda Melcón. Obtuvo 17.230 votos, pero este único diputado nacional leonesista de la historia no consiguió refrendar su acta, no llegó a serlo, apartado de una Cámara en la que estaba llamado a compartir escaño con los representantes de los entonces incipientes regionalismos catalán, vasco y gallego, porque la Comisión de Actas del Congreso lo incapacita para ello por incompatibilidad para el cargo, debido probablemente a que a sus múltiples empleos (vocal en la Diputación provincial y Juez municipal, entre otros) sumaba el de abogado del Estado, sin que de nada sirviera su protesta alegando las incompatibilidades de otros diputados que, al contrario, no fueron apartados. Lo sustituyó el bañezano Herminio Fernández de la Poza, candidato que, sin alcanzar los votos necesarios, se había presentado en aquellas elecciones por el Partido Republicano Radical de Lerroux. Sobre tal sustitución planeó la sombra de la supuesta masonería a la que después se acusó de pertenecer al bañezano, en un Parlamento que contó con un significativo número de diputados masones repartidos entre todas las adscripciones ideológicas. 

 

En 1931, en la Revista del Clero Leonés Eugenio Merino escribirá sobre una autonomía leonesa-castellana que defienda los intereses agrícolas, y J. González lo hace “sobre los fundamentos históricos del regionalismo leonés”. Ese mismo año Bravo Guarida (que ya había protagonizado en 1919 y 1922 unas avanzadas proclamaciones leonesistas) establece el Curso de Estudios Leoneses, y desde primeros de diciembre de 1931 a principios de enero de 1932 aparece en El Diario de León el documento por entregas titulado Catecismo regionalista castellano-leonés, obra del párroco F. Gómez Campos (que rechaza el matrimonio civil y demás aspectos del Estado laico recogidos en la Constitución aprobada días antes), y cuyos postulados, opuestos por igual al nacionalismo separatista y al federalismo y tendentes a una autonomía con fuerte impronta católica y tradicional, se acercan a los del carlista tradicionalista Vázquez de Mella: integración de la unidad de Castilla-León; Santander como salida natural de Castilla al mar; la Cuenca del Duero base del territorio regional, y el proyecto estatutario salvaguarda y mantenedor de la unidad y la soberanía nacional, todo ello dentro de los marcos del “regionalismo sano”.

 

El autor, oculto bajo aquel seudónimo pero en realidad el clérigo Eugenio Merino Movilla, rector entonces del Seminario de Valderas y destacado referente en labores histórico-arqueológicas en la región terracampina y en el ámbito del catolicismo social y obrero, propugnaba (en una pretensión que entonces fue un fracaso) la creación de un partido regionalista que luche por alcanzar las aspiraciones diferenciadoras y que amparase esencias e instituciones propias como las del Concejo y las Cortes, además de los aspectos económicos, y señala los deberes del buen regionalista (…depurar los municipios de banderías necias y de caciques vividores; …defender los derechos y justas reivindicaciones de las clases, y más de las humildes; …practicar la solidaridad mutua entre familias, vecinos, pueblos y comarcas,…) para la consecución de un regionalismo guiado por “los mejores castellanos, los habitantes de los pueblos”, y para alcanzar el ente asociado, único y de conjunto de Castilla y León, “cuya savia y sangre han de ser la Fe y la Religión”, y del que excluye a los ateos y a los socialistas.  

 

El 28 de diciembre de 1931 se reúne en Cacabelos una asamblea de alcaldes de la provincia para tratar sobre la formación de un Estatuto Leonés. Se nombró una comisión (formada por los de Cacabelos, Mansilla, Renuedo de Valdetuejar, Villamañán y Santa María del Páramo, y presidida por el secretario de Pola de Gordón, señor Micó) para enviar a los demás ayuntamientos la ponencia presentada allí para su estudio, y redactar un reglamento para su discusión. Se convocó una nueva asamblea para, estudiado el asunto, discutirlo con detenimiento.


En 1932 la Diputación de León tratará de hacer un estatuto leonés contando con los representantes en Cortes y los ayuntamientos de la provincia, y Acción Agraria Leonesa celebra una asamblea en la que define su ideario como “agrario y leonesista” y su programa autonomista, regionalista y leonesista, que persigue una autonomía basada en la personalidad leonesa, con una Diputación y unos municipios leoneses autónomos, éstos “con la institución del Concejo abierto en la plenitud de su organización y funciones, sustituyendo en muchos casos a los artificiosos ayuntamientos existentes”, con “legislación y ejecución sólo para la esfera regional en materia de régimen administrativo y Hacienda autónoma a base de un concierto económico periódicamente revisable”. En septiembre del mismo año las Cortes aprueban el Estatuto de Cataluña; la reacción anticatalana se generaliza en todo el país, y las inquietudes castellano-leonesas, apoyadas por un sector importante de la opinión pública, se canalizan hacia la consecución del Estatuto de autonomía como solución al problema regional, impedido una vez más por el triunfo de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933. Antes, el líder de Acción Agraria Leonesa, Antonio Álvarez Robles, lanza desde El Diario de León un proyecto que busca primordialmente objetivos económicos y potenciar la identidad cultural de la provincia, afirmando y desarrollando los valores culturales que se convertirán en 1933 en la corriente del “leonesismo cultural”.

 

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En el segundo bienio republicano refluyeron las exaltaciones regionalistas del primero, con una mayoría parlamentaria de derechas obstructora del autonomismo y un gobierno que lo frenaba en Cataluña e impedía otros intentos periféricos, y en León ya desde finales de 1932 comienza a imponerse la que devendrá mayoritaria posición de esperar el momento para reclamar una prudente autonomía regionalista (contrapuesta al separatismo y al nacionalismo), sin hacer más desde la izquierda que observar el curso de los procesos que otros habían ya iniciado, mientras que los conservadores aspirantes a dirigir el leonesismo optaban por aguardar reforzando sus desdibujados trazos y diluida personalidad regional, y “tiempo habrá de formar el estatuto y de pedir la autonomía, si se ve que por el camino de los catalanes se puede llegar a alguna parte, …en tanto se estudia, se forma y vigoriza la conciencia regional”, y a ello ajustaron sus iniciativas algunas de las fuerzas vivas y culturales leonesas como el Grupo de Tradiciones Leonesas, que rescataría ceremonias como las del Foro u Oferta (las Cabezadas) y las Cantaderas, en las que la participación municipal era temporalmente suspendida por el ayuntamiento en aplicación de las leyes de laicismo, y organizará veladas en el claustro catedralicio, conmemoraciones y conferencias, y celebraciones como la del Día del Libro Leonés, todas con el apoyo de la Diputación provincial.

 

La actividad regionalista y el leonesismo cultural resurgen y se animan en 1934 después del acceso al poder de los radicales y hasta los sucesos de octubre, que bloquearon una vez más el proceso regional español. En 1935 la derecha (que aún respeta al régimen republicano) se manifiesta opuesta a los nacionalismos pero partidaria de una descentralización del Estado a través de la articulación autónoma de las regiones mientras ello no afecte a la soberanía nacional, lo que, junto a la inútil polémica con Castilla, frenarán aquel resurgimiento.  

 

Por lo que hace a la provincia leonesa, donde ya Fernando Merino, conde de Sagasta, había representado una aspiración leonesista, más o menos hábil o discretamente llevada, contra la aspiración o realidad centralista encarnada por los políticos datistas o garcíaprietistas, una de las características distintivas, no obstante, del regionalismo leonesista, del leonesismo cuyas raíces e impulso se hunden en el siglo XIX, frente al castellano-leonés fue la distinta relación que uno y otro tuvieron frente a las reivindicaciones autonómicas catalanas: Cuando en diciembre de 1918 se redacta por los representantes de las diputaciones de Castilla y de León en Burgos un documento de oposición al nacionalismo catalán, el ayuntamiento de León con su alcalde socialista Miguel Castaño al frente rechazará tales acuerdos y se manifiesta favorable a las pretensiones catalanas a la vez que reclama una amplia descentralización para municipios y provincias.

 

(Ya en el periodo revolucionario, de 1869 a 1873, los federalistas pretendieron una descentralización del país en contraposición al religioso y tradicional arcaicismo carlista de los fueros. La Primera República recogió en su proyecto de Constitución federal del 17 de julio de 1873 la pretensión de crear un único Estado federado -dentro de los 15 proyectados- de once provincias en el valle del Duero español que además hubiera comprendido las de Logroño y Santander, como pocos años antes habían propugnado para Castilla la Vieja desde Valladolid en el Pacto Federal Castellano. Aquel proyecto será contestado por los republicanos leoneses de manera contundente, y a la Asamblea Constituyente llegó en agosto de 1873 desde la comisión de la Diputación provincial de León -integrada por el secretario y cinco diputados, todos monárquicos- y apoyada por el ayuntamiento de La Bañeza y otros como los de Valencia de Don Juan y Riaño, una petición de su modificación que permitiera a la provincia formar un Estado propio dentro de la República Federal Española. El fin del breve régimen republicano, a principios de 1874, dio al traste con una y otra iniciativa.)

 

(*) Del libro “LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA” (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas – Valduerna, Valdería, vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga- de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González.

 
 
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