La legislatura finaliza con un pleno marcado por la tensión y los insultos
La legislatura en el Ayuntamiento de Astorga ha finalizado entre voces, mala educación y con la fotografía de la división del equipo de gobierno llevada al extremo de votar de manera diferente. El último pleno del mandato 2011-2015 ha sido el reflejo de la mala calidad democrática en la que se han desenvuelto las relaciones de los principales grupos municipales, PSOE y PP. Al PAL le sobró una hora de pleno.
Las voces, en las que participaron varias personas del numeroso público asistente, llegaban al final de la sesión, en el momento de las palabras de despedida. El tono de los reproches entre el portavoz del PP, Jacinto Bardal, y la alcaldesa, Victorina Alonso, animó a los seguidores más entregados del público a hacer de eco de lo que se estaba ventilando entre los dos representantes de los ciudadanos. Mientras Bardal -que finalizaba su etapa como concejal al no ir en la lista del PP- aseguraba irse "con tristeza" porque la regidora "no ha estado a la altura", calificándola como mala gestora; Victorina Alonso le reprochó que "con usted no se puede hacer política" porque a lo largo de la legislatura el grupo popular ha dificultado el consenso para poder hacer gobernable el Ayuntamiento. El portavoz del PAL, Pablo Peyuca González, se despidió con respeto y educación de quienes han sido sus compañeros de Corporación durante estos cuatro años.
![[Img #15822]](upload/img/periodico/img_15822.jpg)
Entre las profundas heridas que deja esta legislatura, una de las más llamativas es la división del equipo de gobierno. La moción presentada por la alcaldesa buscando el apoyo para los 134 propietarios de Astorga y La Bañeza que solicitaron 1,6 millones de euros para la compra de sus viviendas al Plan Estatal de Ayuda a la Vivienda, fue rechazada por sus propios compañeros de equipo de gobierno. Las familias afectadas reclaman que la Junta de Castilla y León aclare dónde está ese dinero que sí salió del Ministerio de Fomento pero la Consejería de Fomento no ha entregado a los propietarios. Se trata de siete promociones de protección pública, calificadas como "promociones finalizadas de viviendas en arrendamiento".
La moción no se llegó a votar porque no superó el trámite previo de la declaración de urgencia al ser rechazada por 12 votos, los siete del grupo del PP más cinco del PSOE. Votaron a favor los tres concejales del PAL junto con la alcaldesa y la concejala socialista Mercedes G. Rojo.
Los argumentos del PP y de los concejales del equipo de gobierno que se desmarcaron de la propuesta de la alcaldesa fueron similares: la regidora no convocó, previamente, ninguna reunión, ni comisión informativa para explicar el asunto a fondo con el fin de haber llevado la moción consensuada al pleno. Al finalizar el pleno, los cinco concejales socialistas emitieron un comunicado explicando su postura, asegurando (como ya lo había hecho el portavoz del PP durante el pleno) que la moción se la habían enviado por correo electrónico tres horas antes de la celebración de la sesión plenaria.
Los compañeros de equipo de gobierno de la regidora aprovecharon el comunicado para volver a poner de relieve que la situación "acentúa más, si cabe, las limitaciones que tenemos en el normal desarrollo de nuestra función, por la falta de información a la que estamos sometidos, y el desconocimiento de las decisiones que toma la señora alcaldesa", que ya afloraron públicamente la semana pasada cuando el concejal de Hacienda, Julio Ramos, pidió a Victorina Alonso que le cesara de sus responsabilidades de gobierno por impedirle el acceso a información necesaria en el desempeño de sus obligaciones. La alcaldesa -recordamos- le contestó que la petición de Ramos formaba parte de "la estrategia que viene manteniendo desde hace bastantes meses, no sé qué pretende", ya que "toda la información está publicada" y al alcance de quien la requiera.
El PP y los cinco concejales del PSOE también coincidieron en señalar que "los vecinos afectados merecen una mayor atención y rigor para tratar un tema" como el de las ayudas a las viviendas que afecta a 134 familias constitudas en dos cooperativas de propietarios. Por su parte, el portavoz del PP concluía su intervención subrayando que "ni sus propios compañeros le han apoyado. ¿Dónde está, señora alcaldesa? ¿a dónde ha llegado?".
Victorina Alonso se defendió señalando que los concejales habían tenido más de un mes para interesarse por conocer los detalles del asunto, desde que fue publicada en los medios de comunicación la entrevista que mantuvo en Valladolid con el director general de Vivienda, Angel Marinero Peral, "deberían haberse interesado si estuvieran en contacto con los problemas de la ciudad", al tiempo que calificaba como "trato injusto" el de la Junta de Castilla y León ya que propietarios de otras provincias de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, acogidas al mismo Plan Estatal de Ayuda a la Vivienda, sí han recibido esas subvenciones para poder acceder a una vivienda digna.
![[Img #15821]](upload/img/periodico/img_15821.jpg)
Un pleno de precampaña
Entre tanto sobresalto, el PAL parecía un 'convidado de piedra' entre tanta tensión. En esta última sesión, los concejales capitaneados por Peyuca utilizaron poco más de 15 minutos para plantear demandas vecinales como la situación de las negociaciones para que los propietarios de las viviendas del Palomar de la Bigarda y Trasconvento puedan registrar sus casas, la retirada de la peligrosa grúa abandonada por la constructora de las viviendas inacabadas de la zona del Chapín, un problema que según la alcaldesa comenzará a solucionarse a partir del 8 de mayo, una vez que la inmobiliaria de La Caixa se va a hacer cargo de esa promoción de viviendas a medio finalizar. El PAL también solicitó del informe del abogado sobre la situación laboral de la trabajadora Isabel Martínez Villares.
Los ruegos y preguntas del PP evidenciaron el momento previo a la campaña electoral. El concejal José Guzmán preguntó por los 22.000 euros que el equipo de gobierno restó a la partida de 25.000 euros destinada a las pedanías en el presupuesto de 2014, argumentando que la sede de campaña del PSOE ha sido inaugurada con una exposición dedicada a la arquitectura de los pueblos "como un guiño a las pedanías". Guzmán preguntó "¿dónde está el guiño?" cuando han dejado a los pueblos del municipio 2.013 euros en total.
La segunda pregunta del PP tuvo como diana la partida de protocolo de la Alcaldía, presupuestada en 2014 con 22.740 euros y posteriormente modificada en más de 30.000 euros. El grupo popular solicitó las facturas y justificantes de los 60.391 euros gastados en la atención protocolaria. La alcaldesa aseguró que el lunes le será entregada la documentación solicitada.
Las voces, en las que participaron varias personas del numeroso público asistente, llegaban al final de la sesión, en el momento de las palabras de despedida. El tono de los reproches entre el portavoz del PP, Jacinto Bardal, y la alcaldesa, Victorina Alonso, animó a los seguidores más entregados del público a hacer de eco de lo que se estaba ventilando entre los dos representantes de los ciudadanos. Mientras Bardal -que finalizaba su etapa como concejal al no ir en la lista del PP- aseguraba irse "con tristeza" porque la regidora "no ha estado a la altura", calificándola como mala gestora; Victorina Alonso le reprochó que "con usted no se puede hacer política" porque a lo largo de la legislatura el grupo popular ha dificultado el consenso para poder hacer gobernable el Ayuntamiento. El portavoz del PAL, Pablo Peyuca González, se despidió con respeto y educación de quienes han sido sus compañeros de Corporación durante estos cuatro años.
Entre las profundas heridas que deja esta legislatura, una de las más llamativas es la división del equipo de gobierno. La moción presentada por la alcaldesa buscando el apoyo para los 134 propietarios de Astorga y La Bañeza que solicitaron 1,6 millones de euros para la compra de sus viviendas al Plan Estatal de Ayuda a la Vivienda, fue rechazada por sus propios compañeros de equipo de gobierno. Las familias afectadas reclaman que la Junta de Castilla y León aclare dónde está ese dinero que sí salió del Ministerio de Fomento pero la Consejería de Fomento no ha entregado a los propietarios. Se trata de siete promociones de protección pública, calificadas como "promociones finalizadas de viviendas en arrendamiento".
La moción no se llegó a votar porque no superó el trámite previo de la declaración de urgencia al ser rechazada por 12 votos, los siete del grupo del PP más cinco del PSOE. Votaron a favor los tres concejales del PAL junto con la alcaldesa y la concejala socialista Mercedes G. Rojo.
Los argumentos del PP y de los concejales del equipo de gobierno que se desmarcaron de la propuesta de la alcaldesa fueron similares: la regidora no convocó, previamente, ninguna reunión, ni comisión informativa para explicar el asunto a fondo con el fin de haber llevado la moción consensuada al pleno. Al finalizar el pleno, los cinco concejales socialistas emitieron un comunicado explicando su postura, asegurando (como ya lo había hecho el portavoz del PP durante el pleno) que la moción se la habían enviado por correo electrónico tres horas antes de la celebración de la sesión plenaria.
Los compañeros de equipo de gobierno de la regidora aprovecharon el comunicado para volver a poner de relieve que la situación "acentúa más, si cabe, las limitaciones que tenemos en el normal desarrollo de nuestra función, por la falta de información a la que estamos sometidos, y el desconocimiento de las decisiones que toma la señora alcaldesa", que ya afloraron públicamente la semana pasada cuando el concejal de Hacienda, Julio Ramos, pidió a Victorina Alonso que le cesara de sus responsabilidades de gobierno por impedirle el acceso a información necesaria en el desempeño de sus obligaciones. La alcaldesa -recordamos- le contestó que la petición de Ramos formaba parte de "la estrategia que viene manteniendo desde hace bastantes meses, no sé qué pretende", ya que "toda la información está publicada" y al alcance de quien la requiera.
El PP y los cinco concejales del PSOE también coincidieron en señalar que "los vecinos afectados merecen una mayor atención y rigor para tratar un tema" como el de las ayudas a las viviendas que afecta a 134 familias constitudas en dos cooperativas de propietarios. Por su parte, el portavoz del PP concluía su intervención subrayando que "ni sus propios compañeros le han apoyado. ¿Dónde está, señora alcaldesa? ¿a dónde ha llegado?".
Victorina Alonso se defendió señalando que los concejales habían tenido más de un mes para interesarse por conocer los detalles del asunto, desde que fue publicada en los medios de comunicación la entrevista que mantuvo en Valladolid con el director general de Vivienda, Angel Marinero Peral, "deberían haberse interesado si estuvieran en contacto con los problemas de la ciudad", al tiempo que calificaba como "trato injusto" el de la Junta de Castilla y León ya que propietarios de otras provincias de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, acogidas al mismo Plan Estatal de Ayuda a la Vivienda, sí han recibido esas subvenciones para poder acceder a una vivienda digna.
Un pleno de precampaña
Entre tanto sobresalto, el PAL parecía un 'convidado de piedra' entre tanta tensión. En esta última sesión, los concejales capitaneados por Peyuca utilizaron poco más de 15 minutos para plantear demandas vecinales como la situación de las negociaciones para que los propietarios de las viviendas del Palomar de la Bigarda y Trasconvento puedan registrar sus casas, la retirada de la peligrosa grúa abandonada por la constructora de las viviendas inacabadas de la zona del Chapín, un problema que según la alcaldesa comenzará a solucionarse a partir del 8 de mayo, una vez que la inmobiliaria de La Caixa se va a hacer cargo de esa promoción de viviendas a medio finalizar. El PAL también solicitó del informe del abogado sobre la situación laboral de la trabajadora Isabel Martínez Villares.
Los ruegos y preguntas del PP evidenciaron el momento previo a la campaña electoral. El concejal José Guzmán preguntó por los 22.000 euros que el equipo de gobierno restó a la partida de 25.000 euros destinada a las pedanías en el presupuesto de 2014, argumentando que la sede de campaña del PSOE ha sido inaugurada con una exposición dedicada a la arquitectura de los pueblos "como un guiño a las pedanías". Guzmán preguntó "¿dónde está el guiño?" cuando han dejado a los pueblos del municipio 2.013 euros en total.
La segunda pregunta del PP tuvo como diana la partida de protocolo de la Alcaldía, presupuestada en 2014 con 22.740 euros y posteriormente modificada en más de 30.000 euros. El grupo popular solicitó las facturas y justificantes de los 60.391 euros gastados en la atención protocolaria. La alcaldesa aseguró que el lunes le será entregada la documentación solicitada.
