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José Cabañas (*)
24/06/2015

La autonomía del Estatuto de Castilla y León (o de León y Castilla) en 1936 (II)

Expone en la misma fecha (23 de mayo de 1936) Isaac Abeytua en La Democracia, en su artículo “El quimérico sueño del cantonalismo reaccionario”, que “los monárquicos, los cedistas y sus satélites, creen haber descubierto en el estatutismo un medio eficaz de quebrantar a la República y han decidido atomizar a España multiplicando las autonomías regionales. La idea parece grotesca, pero es odiosa. Las derechas han afirmado que el Estatuto de Cataluña causa un grave perjuicio a la Hacienda nacional; unos cuantos estatutos más llevarían al país a la ruina y desintegrarían España, y para que esa catástrofe se produzca van a pedir cuantos estatutos puedan. Los estatutos deben pedirlos libremente las regiones y no los caciques que las mediatizan. Castilla no ha sentido nunca la necesidad de ser una región autónoma, y es poco verosímil que los castellanos se pongan ahora de acuerdo para este fin. Lo que más interesa a Castilla es recobrarse a sí misma y emanciparse de las oligarquías aldeanas que la aíslan espiritualmente del resto de la nación; lo que más necesita es que la dejen expresarse libremente en las urnas los feudales políticos que maniatan a los labriegos por medio de la usura, el confesionario y el reparto vecinal; y si limpia de estas taras acaso Castilla quiere un Estatuto, la República accederá a la demanda, pero no cuando lo deseen, con dañina intención, los enemigos del régimen y de las autonomías”. Divertida paradoja la de las derechas: siguen pensando lo mismo de las autonomías regionales: que significan la ruina económica y geográfica de España…, y en su consecuencia, deben de ser autónomas todas sus regiones, incluso las que nunca se han preocupado por serlo. Se quiere ir a una campaña de agitación regional; se quiere complicar más aún la vida de la República creándole preocupaciones innecesarias, dice el periódico leonés, que lo toma del Heraldo de Madrid, afirmando tres días más tarde que “dadme un estatuto y acabaré con todos”, parece decir Gil Robles remedando a Arquímedes.

 

No se había hecho en los años anteriores alusión alguna desde la publicación socialista leonesa al regionalismo castellano-leonés o al leonesismo como fórmulas que pueden instituirse para resolver los problemas de la región o de la provincia. En una sola ocasión y en una colaboración de J.M. Luengo, muy en los albores del nuevo régimen republicano, se mencionaba la necesidad de que León articule su propia vía regionalista sin que tenga nada que ver con Castilla, atendiendo a sus propias peculiaridades y especificidades, y no se había vuelto a insistir más desde La Democracia en aquella cuestión.

 

Dirá El Diario de León el 27 de mayo que M. Bañuelos, un médico vallisoletano que ha roto muchas lanzas en pro del autonomismo de León y Castilla, acaba de publicar unas “posibles bases políticas y administrativas” del estatuto de Castilla y León, coincidentes con lo manifestado por Antonio Álvarez Robles hace unos días en aquella asamblea derechista, que contemplan un Consejo Supremo de Castilla y León, redefinen a las diputaciones como Consejos Provinciales, y reclaman para el Consejo Supremo y para la Asamblea de Consejos castellano-leoneses las mismas atribuciones de la Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán. Expone el mismo día J. González en el suelto “El Estatuto de León-Castilla”, que “los pueblos fuertes, Japón, Inglaterra, Alemania (donde el genio de Hitler amasó un pueblo de disciplina férrea y virtudes colectivas envidiables), Italia (en ella Mussolini lleva trazas de hacer no solo un imperio, sino lo que vale más: un pueblo), se apiñan en una sola asociación unitaria; aquí, la moda autonomista nos invade y el afán disgregador nos empuja y arrastra, y en esta calamitosa situación solo le queda a la región leonesa-castellana un dilema: o toda España unitaria, o, de haber autonomía, nadie tiene tanto derecho a ella como León y Castilla. Lo que nos conviene es una sola España (mejor sería una y sola Iberia con Portugal). Vamos deprisa a deshacer a España, y en este plan nadie como León y Castilla (con Asturias) con más derecho a constituir un autonomismo que sea célula regeneradora de grandeza”. A primeros de junio continuaba el diario regional capitalino publicando artículos de aquel colaborador bajo el mismo título, en los que narra la historia de España, “cuyo surco comenzó a torcerse a la muerte de los Reyes Católicos”, sostiene, y tratando de argumentar “las pretensiones de unidad de las regiones (por la que aboga) frente a su autonomismo”.

 

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También desde el diario La Mañana José Pinto Maestro, su director desde su fundación en 1928 hasta su ya pronta incautación por los nacionales, participa al inicio de julio (en un número que “ha sido visado por la censura”) de aquella visión del autonomismo como disolvente de la unidad española y retroceso en la tendencia histórica, a propósito de “su desmembración consumada días antes con la votación (sinceramente, o con trampa y cartón) del Estatuto Gallego”, y de la obligada necesidad del de Castilla y León (una vez que Castilla nos asoció a su proyecto de Estatuto), “en el sarampión de las autonomías, para igualarnos con todas las demás regiones españolas, evitando los privilegios y la desigualdad, única forma de conseguir que, ante la inutilidad de las ventajas, todas se sometan de nuevo a la unidad”, y llama, ahora que aquella votación en Galicia puede animar a Castilla a defender en solitario el suyo, “a todos (porque no es cuestión de derechas ni de izquierdas) a que León se prevenga, no por su autonomismo, sino para poder aportarle a la región castellana el prestigio de su personalidad para ser una aliada, a una cruzada cuyo lema es ‘León por encima de todo”.

 

A la mitad del mes se celebraban en Santander, entre autoridades municipales, provinciales y otras, montañesas y de Burgos, reuniones preparatorias para la redacción del Estatuto Castellano, “de acuerdo en primer lugar con las demás provincias que constituyen la tradicional Castilla la Vieja”, se dirá el 18 de julio, anunciándose el nombramiento de ponencias y comisiones de propaganda y la reunión en Burgos de una magna asamblea en la que el Estatuto habrá de quedar casi perfilado, “para defender los intereses de Castilla en un sistema que no nos coloque en situación de inferioridad en relación con otras regiones españolas”. Precisamente en Burgos votaba el 9 de junio su ayuntamiento a favor de un estatuto para Castilla la Vieja en solitario.

 

Teniendo en cuenta que el Estatuto Castellano-Leonés nunca pasó de ser un proyecto político, para los legisladores de los años 30, a nivel constitucional, León y Castilla seguirán siendo dos regiones diferentes, cada una con su propia personalidad jurídica y administrativa. Por otra parte, ya en la guerra civil provocada por la sublevación militar de 1936 (que acabó con las aspiraciones de la autonomía para la región, y con sus fragores todas las tentativas regionalistas, de cualquier signo que fuesen, desaparecieron por completo), en diciembre, un decreto de la República crea el Consejo Interprovincial de Asturias y León dando así legalidad a una situación de hecho, pues ya hacía algunos meses que existía esa coordinación entre leoneses y asturianos. En dicha disposición se crea en Villamanín un gobierno de los territorios leoneses leales. El 25 de agosto de 1937, fecha de la última reunión, el Consejo se declarará independiente y soberano al estar bloqueado por los nacionales, siendo disuelto el 21 de octubre al hundirse bajo el empuje de las armas franquistas definitivamente el Frente Norte.

 

 

(*) Del libro “LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA” (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas – Valduerna, Valdería, vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga- de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González.

 
 
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