Cuando la gestión de la basura se hace pública

Han pasado varios meses desde las elecciones municipales y los ayuntamientos constituidos a partir de las mismas se enfrentan a la tarea de articular las primeras propuestas de su nuevo mandato. No se trata sólo de cuadrar las cuentas municipales del año que viene sino de contrastar estrategias y modelos de gestión.

Las últimas elecciones municipales han producido cambios significativos en la composición política de los consistorios y por tanto es el momento de que se expresen las distintas formas de entender algo que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos. 

Sabemos que en  la discusión se pondrá el foco en temas estrella  como el urbanismo, la cultura o los impuestos. Pero me voy a centrar en algo más prosaico y que suele ser el 'patito feo' del debate como es la prestación de servicios esenciales como la recogida de basuras, la limpieza viaria o el cuidado de los jardines públicos.

Es comúnmente sabido que en los últimos años la tendencia general ha sido la privatización de la gestión de estos servicios, la gestión indirecta mediante concesiones a las empresas privadas. Las consecuencias son claras: contratos adjudicados de forma poco transparente, prorrogadas año a año o mes a mes, servicios deficientes, plantillas insuficientes, condiciones laborales precarias, etc. 

Así pues, nos proponemos en estas líneas romper una lanza por una fórmula diferente  que ha demostrado su eficacia allá donde se ha puesto en práctica, la prestación directa de estos servicios desde los ayuntamientos a través de empresas públicas.

Para caracterizar someramente qué es una empresa pública diremos que es una sociedad anónima sometida a la legislación mercantil ordinaria y regulada laboralmente por el Estatuto de los Trabajadores, lo que no es despreciable en estos tiempos de precarización y devaluación salarial.

Las peculiaridades especiales de las empresas públicas municipales son que su capital social está íntegramente suscrito por el ayuntamiento, estando sometidos así al control de legalidad de secretarios e interventores municipales. Esta fórmula de gestión directa permite más transparencia y un mayor control por parte de los representantes elegidos por los ciudadanos.

Por otro lado, parece trivial pero es de suma importancia, a diferencia de las empresas privadas, las públicas no tienen como objetivo la maximización del beneficio. El ayuntamiento no espera generar ganancias para repartir dividendos de forma que al excluir estos costes de la cuenta de explotación, todo el presupuesto se dedica al desarrollo de los servicios.

Al ser las empresas públicas sociedades sometidas a la legislación mercantil ordinaria la adquisición de activos que son costosos de adquirir como camiones, máquinas barredoras y otra maquinaria se puede llevar a cabo mediante fórmulas flexibles en el tiempo como los leasing, renting o figuras similares. 

Para no extender demasiado estas líneas concluiremos con una idea que puede favorecer la puesta en marcha de las empresas municipales como es la integración, tanto interna como geográfica.

En el plano interno, la integración en una misma organización de los distintos servicios -gestión de residuos, limpieza viaria, jardinería, limpieza y mantenimiento de locales y colegios públicos…- permite cierta movilidad funcional y estacional y en consecuencia la continuidad temporal de la actividad y con ello la fijeza de las plantillas así como el menor impacto de los costes indirectos de administración.

Desde el punto de vista espacial, para los ayuntamientos de pequeña y mediana dimensión, y distanciándonos de las propuestas de concentración últimamente en boga, cabe proponer la colaboración entre diferentes ayuntamientos a través de las mancomunidades que facilitan el uso compartido de los medios materiales y humanos en beneficio de todos los ciudadanos.

La tarea puede ser compleja pero esperemos que los nuevos aires municipales estimulen la imaginación. Suerte a los que se animen.