La Fiscalía alega "falta de medios" para no analizar las zahorras contaminadas por las balas de basura de Santa María del Páramo

La Plataforma Gestión Residuos ha hecho público que la Fiscalía se inhibe en la toma de muestras en el caso de las zahorras contaminadas de la Finca del Busto en Santa María del Páramo enterradas en Santa Elena de Jamuz (La Bañeza).

Esta denuncia por delito medioambiental por el enterramiento de las zahorras contaminadas con los lixiviados de las balas de basura de la finca del Busto fue presentada por la plataforma en 2015. El colectivo recuerda que en la Finca del Busto se almacenaron al aire libre 500.000 toneladas de basura en balas sin tratar provenientes de León y San Andrés de Rabanedo, que estuvieron vertiendo lixiviados sobre las zahorras denunciadas durante más de 10 años hasta su enterramiento en el vaso del CTR de San Román.

"La totalidad de estas zahorras y los plásticos de contención fueron trasladadas y enterradas sin ningún tratamiento previo en la Planta RCD (Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición) de Los Chavetinas de La Bañeza en 2015, construida casualmente unos meses antes", aseguran desde la plataforma.

Las zahorras de Santa María del Páramo eran consideradas por un informe de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como "residuos peligrosos", por lo cual, entienden desde la plataforma, que debían de haber sido trasladadas a una planta de tratamiento preparada para albergar residuos de estas características, "sin embargo terminaron enterradas flagrantemente en una planta que carecía de la autorización ambiental pertinente para tratar este tipo de residuos", y que se encuentra construida encima de un acuífero (acuífero de la Raña), a escasos metros del río Jamúz.

A la causa, la plataforma ha aportado testigos, vídeos del enterramiento de las zahorras e incluso coordenadas de su localización en la Finca de la Planta de Tratamiento de residuos de obra de los Chavetinas en La Bañeza. "A lo largo de este tiempo ha quedado claro, dicho por el Seprona de Madrid, que enterrar las zahorras en lugar de reciclarlas fue como mínimo un ilícito administrativo", indican desde el colectivo, que indica que "tampoco ha declarado aún, y lo hemos pedido insistentemente, el responsable de la planta de tratamiento para explicar ese modo de proceder. Curiosamente en el lugar del enterramiento la empresa ha ido acumulando material de construcción y obra encima de lo que ya arrojó en un inicio".

Desde la plataforma han solicitado una cata más profunda para llegar al vertido inicial y la comprobación de los lixiviados que las zahorras contenían. A esto el Seprona de Veguellina "alega que carece de medios" y es en esta carencia en lo que se apoya la Fiscalía para pedir el archivo prematuro de la causa, aclara la plataforma. La Fiscalía alega además que no será posible la identificación de los contaminantes por “poder estar mezclados con otros posteriores”, lo que llevaría a "sospechar de un delito medioambiental continuado por parte de la empresa".

Para la plataforma las evidencias "están claras y pedimos al juzgado que además de ampliar el plazo de instrucción, cosa que ya ha hecho, habilite los medios para efectuar la cata solicitada. Con la sospecha clara además de que esta causa puede estar ligada a otras causas recientes asociadas a la trama de La Enredadera".