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Viernes, 27 de Septiembre de 2019

Aprobadas, por unanimidad, las modificaciones del IBI y la prórroga del servicio O.R.A. en el primer pleno ordinario

Rubén Río, segundo en la lista de UPL, no asume el cargo de concejal; el presupuesto para las ayudas escolares aumentará a 35 000 euros.

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El primer Pleno ordinario de esta legislatura comenzaba la tarde del jueves, como ya es habitual, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de malos tratos, que ya asciende a 44 mujeres.

 

A continuación, tras aprobar el acta de las sesiones celebradas el 5 y el 25 de julio y dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía, Juan José Alonso Perandones, alcalde de Astorga, informaba a los concejales la renuncia de Fernando Barriales Carro, único concejal de UPL.

 

Además, el alcalde también confirmaba la renuncia al cargo del número dos de la lista, Rubén Río, por lo que Graciela Espiñera González podría ser la próxima concejala en el consistorio astorgano.

 

El cuarto punto del Pleno, que giraba en torno al presentante del PSOE en la Comisión Informativa especial de cuentas, administración general y desarrollo económico, fue retrasado al próximo pleno por la coincidencia, en la misma persona, del portavoz suplente y vocal, con la intención de subsanar el error con la sustitución del vocal.  

 

A continuación llegó el momento de la ampliación de las subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar en el curso 2019/2020. Antonio Serrano, concejal de Desarrollo Social, explicaba que las subvenciones se ampliarían para los cursos de Bachillerato y los ciclos de Formación Profesional. El consistorio aumentará 5000 euros el dinero empleado en estas ayudas, que hasta ahora era de 30 000 euros.

 

Una de las condiciones para recibir la ayuda es el haber comprado el material escolar en los comercios astorganos. Por ello, el grupo popular alegaba que “era demasiado tarde”, ya que a estas alturas muchos de los interesados ya habrían realizado sus compras en otros lugares y Laura Galindo, concejala popular, proponía retrasar este punto hasta el próximo curso.

 

Por otro lado, el Informe de secretaría general y de la Interventora valora negativamente este apartado que, como afirmaba Serrano, está “copiado” de otros consistorios, como el de Sahagún. Finalmente, el aumento de las subvenciones era aprobado por los nueve votos del PSOE e IU, frente a las siete abstenciones del PP.

 

La modificación de la Ordenanza fiscal que atañe al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) fue la que más alteraciones produjo. A mayores, en la Comisión Informativa previa al Pleno los portavoces de los partidos añadieron una bonificación del 95%  a aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas como los edificios sociales o de fomento del empleo.

 

José Guzmán, miembro del Partido Popular, recordaba a los presentes que la modificación de esta ordenanza es muy similar a la presentada por este grupo la pasada legislatura. Además, comentaba que el grupo Izquierda Unida había propuesto entonces bonificaciones a las familias numerosas y a las viviendas con energía solar, pero que ahora no se encuentran presentes en la propuesta.

 

Pese a ello, la modificación fue aprobada por unanimidad. Con ella, se pretende recaudar más de cuatro mil euros de los inmuebles con características especiales, como es la AP-71.

 

En cuanto a una  prórroga con la empresa Dornier, encargada del servicio de estacionamiento de vehículos en la vía pública (ORA) por un año más, la propuesta de firma fue aprobada también por unanimidad.

 

Finalmente, se aprobaron como festivos locales los días 20 de abril, santo Toribio, y el 24 de agosto, santa Marta y el aumento salarial de los funcionarios del consistorio del 0,25%, tal y como dicta la ley.

 

Antes de dar paso a los ruegos y preguntas el alcalde informaba de la reciente muerte de Virgilio Pérez Martínez, teniente alcalde astorgano en la época de la transición, y consensuaba el poder transmitir las condolencias a la familia de parte del consistorio.

 

Con el fin de aligerar los plenos, que en anteriores ocasiones se alargaban notoriamente en el tiempo, los grupos políticos han acordado presentar las preguntas por escrito con un plazo mínimo de 24 horas de antelación para que los aludidos puedan, simplemente, leer la respuesta.

 

Algunas de esas preguntas versaban sobre el malentendido con la prensa en el funeral de Leopoldo María Panero. Mientras que a la prensa local se les pidió realizar las exequias de manera privada, a los medios foráneos se les invitó a fotografiar y grabar el acto. El grupo popular también se cuestionaba por qué no se había invitado a los portavoces políticos. El alcalde respondía que no se trataba de un acto institucional y que asistieron “alcalde y la concejala de cultura por expreso deseo de la familia”.

 

En cuanto a la actividad “Día de las mascotas”, en la que se permitía el acceso a la Piscina Municipal con perros, el grupo popular cuestionaba acerca de los aspectos sanitarios, a lo que el alcalde respondía que el Servicio Territorial de Sanidad autorizó la actividad el 13 de septiembre.

 

Otras de las cuestiones relevantes giraba en torno al control de horario de los trabajadores, al que la concejala de Personal, María Ángeles Rubio, respondía que se estudiará el sistema de control más adecuado una vez recogidos los datos necesarios.

 

También anunciaba que, aunque el horario de las oficinas municipales es de 8 a 15 horas, se permitirá media hora de flexibilidad, pudiendo entrar a partir de las 7.30 y abandonando el consistorio a las 15.30 horas.

 

Otro de los aspectos que cuestionaba el grupo popular está relacionado con los proyectos para el edificio de la Harinera, de la Policía Local, con el ascensor de San Andrés, la nueva piscina cubierta y el mirador de la Vega.

 

A ello, el alcalde respondía que para la Harinera existe un proyecto básico y de ejecución para la renovación de la cubierta por 216 309,73 euros, así como un plan director para la rehabilitación íntegra.

 

En lo que respecta al edificio para la Policía Local y arqueología “se ha solicitado una memoria con el costo para finalizar el inmueble a partir de las fases ejecutadas hasta 2011”, explicaba Perandones.

 

Por otro lado, explicaba que “resulta imposible licitar las obras del ascensor de San Andrés, al no contar este Ayuntamiento ni con proyecto básico, ni de ejecución de las obras de accesibilidad que se proponen, que deberán ser además dictaminado favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio”, comisión que hasta ahora ha dado el visto bueno únicamente a la memoria del elevador. Lo mismo ocurre con el ‘mirador de la Vega’.

 

Respecto a la nueva piscina cubierta “no se ha decidido sobre la conveniencia de su construcción, ni tampoco evaluado la pertinencia de sus características” señalaba el alcalde astorgano.

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