Ricardo Fernández inicia una sentada ante la Diputación para que se ponga fin a la polémica sobre el ático de su casa en Val de San Lorenzo

El ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, Ricardo Fernández, ha iniciado este miércoles una sentada a la puerta de la Diputación de León para pedir una solución que ponga fin al polémico ático de su vivienda. "Lo único que estoy pidiendo desde hace años ya, tanto al Ayuntamiento como al Servicio de Asstencia a Municipios (SAM) y a la Diputación es una comprobación por parte de técnicos del SAM de las medidas y afirmaciones que el técnico del SAM hizo en su día sobre mi vivienda", ha señalado Fernández.

Ricardo Fernández ha explicado a la puerta de la Diputación que "esto es debido a lo que nos está ocurriendo a mi familia y a mí con los tres últimos alcaldes del municipio donde residimos. Todo a raíz de un informe técnico sobre nuestra vivienda emitido por el SAM de la Diputación de León hace más de 10 años (cuando gobernaba en la Diputación Isabel Carrasco), en el que las alturas de nuestra vivienda se han aumentado por parte del técnico que lo hizo", para que los tres alcaldes que han gobernado en Val de San Lorenzo desde entonces "pudiesen llevar a cabo una venganza contra mí, ya que yo fui concejal y portavoz de la oposición durante 8 años". Fernández ha señalado que lleva gastados "más de 50.000 euros entre multas municipales y otros gastos judiciales de proyectos de obra y abogados". 

El ático del ex edil socialista 'colea' desde el año 2007, cuando en el pleno celebrado 20 días antes de las elecciones municipales del 27 de mayo, el Ayuntamiento del Val, entonces gobernado por Francisco Nistal del PP, ordenaba la inspección de la obra cuya licencia había sido concedida en 2005 por entender que el ático había sido construido de manera ilegal por no ajustarse a las normas urbanísticas. El resultado electoral propició un gobierno PSOE-UPL que dejó en el olvido la tramitación de la orden de inspección, hasta que en la legislatura 2011-2015, de nuevo con un equipo de gobierno del PP presidido por Azucena Fernández se sacó del cajón el asunto, y en la pasada legislatura el gobierno PP-UPL amenazó con que la planta bajo cubierta de la vivienda tenía que ser derribada voluntariamente por Ricardo Fernández o lo haría de manera subsidiaria el Ayuntamiento, una amenaza que movilizó a un grupo de vecinos en diciembre de 2016 para intentar detener el derribo del ático con una recogida de firmas en cuyo encabezamiento se destacaba que "al margen de actuaciones anteriores, es una vivienda que lleva más de 10 años construida y pertenece a una familia del pueblo".

La construcción ha sido declarada ilegal en dos sentencias, una del Juzgado Contencioso Administrativo emitida en marzo de 2015, y la del TSJ del 27 de enero de 2016. En el proyecto de obra que obtuvo la licencia municipal se recoge que la vivienda del ex edil socialista constaría de un semisótano y dos plantas (baja y primera) "sin referencia alguna a planta bajo cubierta", precisaba el fallo judicial del Contencioso Administrativo de León.